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Medio Ambiente y Conservación
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ENDESA reanudará las obras de la central hidroeléctrica de Ralco (Chile), ante protestas de indígenas y ecologistas, en un caso que enfrenta a la Ley sobre Derechos Indígenas con la Ley Eléctrica.
Las obras de la gran presa de Ralco, en la zona alta del valle de Bío Bío (VIII Región de Chile), se reanudarán el próximo 1 de abril después de que la compañía ENDESA las paralizase en marzo.
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26/03/2000. Redacción BorNet.
El gigantesco proyecto de construcción, con un coste inicial estimado de 568 millones de dólares (de los que ya han sido gastados alrededor de 154 en las obras iniciales), levantará una presa con un muro principal de 120 metros de altura, y supondrá el empleo de alrededor de 1.200 trabajadores.
Con ella se dotará a la zona de una nueva planta hidroeléctrica de 570 Megavatios, que podrá generar hasta el 18 por ciento de la demanda energética de la zona central del país, a cambio de inundar más de 3 mil hectáreas y la relocalización de 98 familias Mapuche-Pehuenches.
Es precisamente este último punto donde se ha desatado el conflicto de más difícil solución, pues aunque la compañía ENDESA-Chile obtuvo los permisos para la construcción de Ralco por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en junio de 1997, entre sus condiciones estaban desarrollar programas para proteger la rica fauna y flora local, garantizar que los monumentos indígenas no serían dañados y obtener la aprobación de todas las familias Mapuches-Pehuenche cuyas tierras serían inundadas por la presa. (Por aquellas fechas ENDESA-Chile no era dependiente del grupo ENERSIS, controlado por ENDESA-España).
Además de las quejas indígenas referentes a que uno de sus monumentos, el conocido como "Piedra Machi" ("piedra de la mujer medicina") fue dinamitado por una de las empresas subcontratadas por ENDESA (punto que la compañía implicada niega), no se ha conseguido obtener la aprobación del proyecto por parte todas las familias indígenas implicadas (faltan 10 de 98), pese a que una mayoría ha accedido a la compensación ofrecida, que incluye mejoras en la educación, sanidad y la permuta por tierras mejores en otra zona.
En este caso, las leyes chilenas de protección de las tribus indígenas entran en contradicción con la ley eléctrica que regula el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. La Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI), se opuso en su momento autorizar de forma precipitada el traspaso de los territorios. Por ley, CONADI tiene que aprobar cualquier traspaso de territorios designados como territorios indígenas.
La autorización de la Contraloría (el organismo encargado de ello) para continuar con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, significa para los colectivos indígenas la prevalencia de la Ley Eléctrica sobre la Ley Indígena, hecho en el que se fundamentarán los recursos que se presentarán frente a esta decisión.
Además, se planea entablar acciones judiciales contra ENDESA-España en Madrid, acusando a la compañía de "genocidio cultural", ya que el código penal español contempla sanciones en el caso la existencia de un propósito de destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Más concretamente la ley sanciona con penas de prisión a aquellas acciones que provocaran el sometimiento de un grupo o cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, además de estipular las mismas pena si se llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.
Como todo proyecto de estas características, existen opiniones claramente enfrentadas.En la guerra de cifras sobre los beneficios económicos que la obra supone para la propia zona, Rene Correa, alcalde de la cercana ciudad de Santa Bárbara, expresa su preocupación ante los continuos intentos de paralización de un proyecto que puede suponer alrededor de 1.200 empleos durante cuatro años en un distrito que cuenta con unos escasos 20.000 habitantes. Sin embargo, para el diputado socialista Alejandro Navarro, sólo del 15 al 20 por ciento de la mano de obra planificada serían de la zona.
Por otro lado se recuerda que proyectos anteriores no representaron un beneficio manifiesto para la zona en que se desarrollaron, ni mucho menos para las poblaciones indígenas que debieron trasladarse por su culpa. En este conflicto salen pues a relucir los agravios sufridos en el pasado por los pueblos indígenas en este tipo de proyectos. Hay que hacer notar que aunque el número de afectados puede parecer poco importante, la etnia mapuche si es cuantitativamente numerosa en Chile, y el territorio afectado cuenta para ellos con un alto valor.
Más información:
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GABB (Grupo de Acción por el Bio Bío). Ernesto Pinto Lagarrigue 112. Recoleta, Santiago de Chile. Teléfono: +56-2-737-1420. FAX +56-2-777-6414. Correo Electrónico: gabb@huelen.reuna.cl.
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Monti Aguirre. International Rivers Network. 1847 Berkeley Way. Berkeley, CA 94703 USA. Teléfono: +1-510-848-1155. FAX: +1-510-848-1008. Correo Electrónico: monti@irn.org.
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ENLACES RELACIONADOS:
- Diario el Mercurio (Chile). Ha realizado un seguimiento del conflicto (utilizar el buscador con términos como "ralco" o "mapuche") [+]
- Informe de la Federación Internacional de Ligas de derechos Humanos sobre los Mapuche-Pehuenche y el proyecto hidroelectico de Ralco en Alto Bio Bio. [+]
- Mapu-Express: noticias redactadas por periodistas mapuches. [+]
- Campaña Bio Bio de International Rivers Network. [+]
- Ñuke Mapu: Página sobre el pueblo Mapuche. Cuenta con una sección de noticias. [+]
- Fundación Rehue, dedicada a proteger, promover y defender los derechos de los mapuches. Tiene su sede en Holanda y el web se presenta en tres idiomas: inglés, español y holandés. [+]
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